Sunat: Rafael López Aliaga no ha reportado ingresos del extranjero | Renovacion Popular | Panama papers | Acres Investments | Hnews | Política
Durante la campaña electoral, el candidato presidencial Rafael López Aliaga en reiteradas ocasiones señaló, sin presentar pruebas, que José Miguel Castro no murió por suicidio, sino que había sido víctima de un asesinato para que no declare como testigo de actos de corrupción de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014). Es cierto que Castro se convirtió en colaborador eficaz en el caso de los sobornos de Odebrecht para financiar campañas políticas de Villarán. Pero al momento de perder la vida, Castro también era un potente testigo en el caso por lavado de activos que enfrenta López Aliaga.
El 26 de julio de 2022, al año siguiente de haber perdido la primera elección presidencial, la fiscal Manuela Villar formalizó ante el Poder Judicial la imputación por lavado de activos contra Rafael López Aliaga, su socio Rui Baracco Lira y tres empresas offshore creadas por el estudio de abogados panameño Mossack & Fonseca, a pedido del exalcalde de Lima: Acres Investments Ltd., en Nevada, Estados Unidos; Acres Investments International Ltd., en Panamá; y Paga Investments Ltd., en Islas Vírgenes Británicas (BVI).
Según la fiscal Villar, estas offshore recibieron fondos provenientes de los contratos que suscribieron dos empresas de López Aliaga con la Caja Metropolitana de Lima, cuando la presidencia del directorio estaba ejercido por José Miguel Castro. El testimonio de Castro era clave en este proceso que implica al candidato presidencial, pero fue encontrado muerto por suicidio en su casa, el 29 de junio de 2025, según las autoridades. López Aliaga dice que fue “ejecutado” para que “no hable sobre Villarán”. No menciona que el fallecimiento de Castro también podría favorecerlo.
ACRES INVESTMENTS INTERNATIONAL. López Aliaga constituyó esta empresa en Panamá y está relacionada con otras dos peruanas contratadas por la Caja Metropolitana. Foto: La República
PODER PANAMEÑO. Dos socios fantasmas de la empresa panameña le dan poderes a López Aliaga para que los represente en el Perú. Foto: La República
ACRES FINANCE. Contratada ilegalmente por la Caja Metropolitana durante la gestión de José Miguel Castro, es de propiedad de López Aliaga, por intermedio de otra firma, Acres Investments S.A.., de Lima. Foto: La República
ACRES SOCIEDAD TITULIZADORA. Contratada ilegalmente por la Caja Metropolitana durante la gestión de José Miguel Castro, también es de propiedad de López Aliaga, por intermedio de otra firma, Acres Investments S.A.., de Lima. Foto: La República
La ruta hacia Panamá
En el caso de lavado de activos están implicadas otras dos empresas de López Aliaga: Acres Finance S.A. y Acres Sociedad Titulizadora S.A., fundadas por López Aliaga en Lima.
De acuerdo con la fiscalía, durante la gestión de José Miguel Castro como presidente de la Caja Metropolitana de Lima, fueron contratadas ilegalmente Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora. Ambas fueron parte de un plan para gestionar una millonaria deuda del programa municipal Caja Gas, que resultó un fracaso durante el mandato del exalcalde Luis Castañeda Lossio. Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora no fueron seleccionadas mediante un concurso público sino que Castro las escogió porque las manejaban sus amigos, quienes trabajaban para López Aliaga.
El 4 de octubre de 2012, la Caja Metropolitana, con aprobación de José Miguel Castro, Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora, fueron contratadas. Las ganancias que obtuvieron estas firmas fueron luego transferidas a la offshore de López Aliaga en Panamá, Acres Investments International Ltd. Inc., conforme la imputación de la fiscalía. Por esta operación, la Contraloría señaló que la Caja Metropolitana de Lima perdió al menos S/9,9 millones.
Es decir, Acres Investments International Ltd. Inc. de Panamá, controlada por López Aliaga, es accionista mayoritaria de Acres Investments S.A., de Lima, que también maneja el candidato presidencial.
Documento fiscal que consigna los informes de la Sunat sobre López Aliaga, en los que se indica que no tendría declaraciones de ingresos del exterior. Foto: La República
La voz de la Sunat
Al mismo tiempo, esta empresa panameña es accionista de Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora -como puede apreciarse en los documentos de Registros Públicos-, las que fueron contratadas por la Caja Metropolitana de Lima durante el periodo de José Miguel Castro.
Es por esta razón que la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos consultó a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), si las empresas involucradas de López Aliaga cumplían con pagar impuestos.
En el expediente del caso, se consignan dos documentos de la Sunat que recogen las respuestas a la fiscalía y que revelan que no cumplirían con las obligaciones tributarias.
Acción. En 2016, la oficina de Mossack & Fonseca en Lima fue allanada por la fiscalía. Foto: difusión
Las fichas del candidato
De acuerdo con la Sunat, Rafael López Aliaga y su socio Rui Baracco Lira, “no contarían con registros de fuente extranjera”. Es decir, según Sunat, no han reportado ingresos desde el exterior. Por lo tanto, “nunca habrían efectuado declaración ni tributo por fuente (ingresos del) extranjero, a pesar de tener empresas en el extranjero” (sic), contestó la Sunat a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.
Rafael López Aliaga, el gran empresario de éxito que alardea de haber amasado una fortuna de US$1.000 millones, ¿no paga impuestos?.
Durante la campaña de 2021, una investigación de La República destapó que López Aliaga consignó la propiedad de una docena de empresas que le debían a la Sunat S/34 millones. Y en la elección presidencial de este año, el exalcalde no mencionó a Peruval Corp. S.A., registrada en Lima, que mantiene una deuda coactiva de S/13 millones.
Lo informado por la Sunat a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos coincide con el perfil tributario de López Aliaga. Aunque varias veces ha dicho que es el “mayor pagador de impuestos en el Perú”, Sunat no piensa lo mismo.
La República solicitó a la Sunat copias de los informes que remitió a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos sobre Rafael López Aliaga, pero respondió que no era posible porque dicha información se encontraba en el ámbito de la “reserva tributaria”. Es decir, la entidad confirmó la entrega de los dos informes de la fiscalía. No dijo que eran falsos sino que no los podía compartir.
Como se ha indicado, el 4 de octubre de 2012, la Caja Metropolitana de Lima, bajo el mandato de José Miguel Castro, aprobó contratar a las empresas de López Aliaga, Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora. Después de ese día, el exalcalde movió sus fichas.
A los pocos meses, el primero de noviembre de 2013, López Aliaga transfirió su empresa Acres Investments Ltd., inscrita en Nevada (EEUU), al registro de Panamá bajo el nombre de Acres Investments International Ltd. Inc.
Luego, el 14 de enero de 2014, los directores de la Acres panameña, Ricardo Samaniego y Yadira de Boutaud, otorgaron poderes a López Aliaga para que los representara en el Perú. Samaniego y Boutaud son “prestanombres” del estudio de abogados Mossack & Fonseca, que protagonizó el escándalo de corrupción mundial “Los Papeles de Panamá”. Por eso López Aliaga está investigado por lavado de activos.
Juez Chávez: “Es dinero manchado por la corrupción”
- Cuando la defensa de Rafael López Aliaga solicitó el archivamiento del caso por lavado de activos, argumentó que el dinero que el exalcalde obtuvo de los contratos con la Caja Metropolitana de Lima, “está debidamente identificable, bancarizado, rastreable y supervisado”.
- También alegó que no se trataron “de operaciones informales, o formales sin mayor control, sino de “operaciones en las que se hizo uso del sistema financiero”.
- Al rechazar el archivamiento del caso, el juez Jorge Chávez Tamariz argumentó que “la defensa de López Aliaga olvida algo elemental y es que el dinero recibido por las empresas Acres Sociedad Titulizadora y Acres Finance, en el marco de contratos suscritos con la Caja Metropolitana de Lima, proviene de la presunta corrupción, en referencia al delito de colusión agravada; por lo que la recepción (del dinero) en palabras llanas se ve manchado de corrupción y es poco relevante la bancarización”.
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