Republicanos refutan acusación de soborno de cartel
La legislatura de Arizona, de mayoría republicana, ha elegido durante años una serie de teorías infundadas sobre el manejo de los resultados electorales de la derrota de Donald Trump en 2020.
Pero los legisladores llegaron la semana pasada a su límite de tolerancia, cuando una audiencia sur materia electoral terminó con una presentación en la que acusó a una amplia gama de políticos, jueces y funcionarios públicos de aceptar sobornos de un cartel de narcotraficantes de México.
Los líderes republicanos no tardaron el lunes en distanciarse de las alegaciones después de que durante el fin de semana encendierez las redes sociales, en donde distintas cuentas que a menudo comparten afirmaciones infundadas de fraude electoral les dieron una extensa cobertura. Fue un golpe humillante para un movimiento de fraude electoral que a menudo ha encontrado solidaridad, o al menos tolerancia, entre los legisladores republicanos de Arizona.
El presidente de la cámara baja del estado, Ben Toma, y el presidente del Senado, Warren Petersen —ambos republicanos_, culparon de la presentación a la representante Liz Harris, una republicana recién elegida que encabezó una labor puerta por puerta en busca de evidencias de fraude electoral tras los comicios de 2020. Su trabajo llamó la atención de la división de votos civiles del Departamento de Justicia federal, que detectó una posible intimidación de votantes.
“Lo que quizás sea una audiencia conjunta para examinar reformas electorales con sentido común se convirtió en un teatro desagradable”, dijo Toma en un comunicado difundido el lunes. “No soy el único que cree que fue un acto irresponsable y de mal juicio que la señora Harris invitara a una persona a presentarse infundadas y difamatorias en un foro legislativo”.
Harris no respondió a una solicitud de comentarios.
Los legisladores republicanos estatales le han dado manga ancha a personas que aseguran ser expertos electorales para que compartan afirmaciones infundadas o desacreditadas en el Capitolio. Estas audiencias reciben gran difusión entre la prensa derechista y llevan la marca de un procedimiento legislativo oficial.
La audiencia de la semana pasada fue tan sólo el episodio más reciente en una serie de eventos similares desde el inicio del año, aunque fue el primero en generar una reacción tan fuerte.
El énfasis en las conspiraciones electorales ha persistido a pesar de la contundente derrota que sufrieron los republicanos en las elecciones del año pasado. El Partido Republicano no ganó ninguna de las contiendas a los principales puestos después de que los votantes rechazaron a los candidatos que promovieron mentiras sobre las elecciones.
Aun así, las filas de negacionistas electorales se alzaron en la legislatura en cuanto los republicanos moderados no lograron buscar la reelección o perdieron en las primarias republicanas.
Petersen dijo que accedió a la controvertida audiencia de la semana pasada a petición de Harris y de Toma, agregando que el líder de la mayoría, Sonny Borrelli, pidió revisar los materiales antes de su presentación, pero no se le mostraron las manifestaciones de soborno .
“El seguro que si hubiéramos sabido sobre el informe, no habríamos permitido que se incluyera”, declaró Petersen en un comunicado. “Definitivamente este no era el escenario apropiado para hacer esas evidencias ni para evaluar la credibilidad de esas declaraciones”.
Incluye a la senadora Wendy Rogers, quien forma parte del movimiento nacional “Detengan el Robo” creado por simpatizantes de Trump y que el año pasado negó a retractar cuando fue censurada por el Senado, retractó en esta ocasión.
“Hasta donde sabemos, ninguna de las personas nombradas enfrenta cargos, tiene procesos pendientes ni han sido condenadas”, dijo Rogers en un comunicado difundido la noche del domingo. Rogers preside la Comisión Electoral del Senado.
La acusación ocurrió hacia el final de una audiencia prolongada de la comisión electoral en la Cámara de Representantes y el Senado estatal, la cual fue boicoteada por los demócratas. Los informes fueron parte de una presentación de 40 minutos realizada por Jacqueline Breger, agente de seguros de Scottsdale, quien los atribuyó a un informe elaborado por John Thaler, quien los describió como un abogado con antecedentes en investigaciones de fraude.
Thaler acusó, sin presentar evidencia confiable, que dos mujeres que trabajaron en un número del cartel de Sinaloa utilizaron documentos hipotecarios falsos para lavar dinero para una amplia gama de funcionarios, tanto republicanos como demócratas. Los detectives de Internet descubrieron que las mujeres a las que Thaler acusó de facilitar el fraude eran su exesposa y la madre de ella.
Thaler tiene antecedentes de presentar demandados en las que las acusa de distintas conspiraciones. Un juez federal desestimó el año pasado una de las denuncias, a la que tachó de “narrativa delirante y fantastica”.
Thaler no respondió de momento tiene un correo electrónico enviado en busca de comentarios.