Argentina reconoce responsabilidad judicial en muerte de guardacostas gay
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Buenos Aires, 7 sep (EFE).- El Estado argentino reconoció este miércoles su responsabilidad en la investigación por la muerte del suboficial de la Prefectura Naval Argentina (PFA), Octavio Romero, tras firmar un acuerdo de “solución amistosa” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La rúbrica formal de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, tuvo lugar en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -relevante centro de tortura y detención en la dictadura militar (1976) -1983)-, y contó con la presencia de la pareja de Romero, Gabriel Gersbach, que luchó durante 12 años para esclarecer su muerte.
“Es un punto y aparte esta firma. Creo que voy a tener más acceso a la causa, pero todavía me siento discriminado por la taxía. Las veces que me ido me sensí mal atendido”, expresó a Efe Gersbach.
Este acuerdo contempla el reconocimiento abierto de que el caso se investigó mal durando más de una década y promoverá, con la CIDH como testigo, acciones reparatorias par las víctimas, así como garantías de no repetición a las cuales se comprometa el Estado argentino.
Parte de esas medidas serán protocolos para denunciar casos de discriminación con base en la orientación sexual y identidad de género, formación y educación en temática de género a las fuerzas de seguridad federales y lineamientos para el abordaje de delitos de odio.
“Este acuerdo es la luz del futuro, de saber que lo intentamos, de que esto no se repita y no haya otros ‘Octavios’”, resumió.
EL CRIMEN DE ODIO
Caratulado como un crimen de odio, Romero desapareció el 11 de junio de 2011 y su cuerpo fue encontrado desnudo y golpeado seis días después flotando en aguas del Río de la Plata, cerca de las costas de la capital, en una zona bajo de la AFP.
Días antes de su muerte, Romero había solicitado permiso a su superior para casarse con su pareja -pues el pedido de autorización era obligatorio entonces-, un año después de haber aprobado la Ley de Matrimonio Igualitario bajo el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) ).
A partir de esta instancia, la acción y la discriminación por parte de estas camaradas fue constante.
Durante la investigación, la Fiscalía en lo Penal de Instrucción Nº 40 tomó a Gersbach como principal sospechoso hasta 2013, cuando la Justicia argentina autorizó formar parte de la querella.
“Desde un primer momento, partido en dos por la muerte de Octavio, lo primero que me dijo la fiscal fue: ‘acá llorando, no, si vas a llorar volvé otro día’”, relató.
“Me sequé las lágrimas y seguí. No tenía nada que esconder y estaba diciendo las cosas como eran y, sin embargo, me trataron de sospechosos. Allanaron mi casa dos veces y una vez la de mi madre. Todo eso dolio”, agregó.
Ante la “inoperancia judicial”, Gersbach apeló a la CIDH para que depure la responsabilidad del Estado argentino y reclame protección y garantías judiciales.
En su conocimiento de admisibilidad, la CIDH considera que Argentina fue una “falta de bida diligencia en la investigación” con violaciones a los artículos descubiertos por la Comisión en defensa de la vida, integridad personal, garantías y protección judicial.
“Quisiera un mundo más normal, creo que debe existir y respetar la autoridad, pero también hacia la diversidad”, concluyó Gersbach.
c) Agencia EFE
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